El flagelo de la extorsión en Latinoamérica se ha convertido en “el día a día” de los comerciantes y la violencia en los actos delictivos cometidos por estas organizaciones, que traspasan las fronteras y se han enquistado en los distintos países como el Tren de Aragua, “se ha profundizado”, alertó Andrés Choy, presidente de la Confederación Latinoamericana de Asociaciones de Tiendas, Kioskos, Bodegas y Almacenes (AKTB LatAm).
“En Latinoamérica, se ha profundizado la violencia en los actos delictivos, antes eran menos agresivos, en la actualidad se destruyen los comercios y se matan a los comerciantes o si tienes suerte te hieren”, indicó el ejecutivo de esa organización y además presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. Y aunque los Gobiernos “tratan de manera aislada de establecer políticas de seguridad”, estas “no están dando resultados” en el balance regional y cada país presenta diversas modalidades de actos delictivos.
Las principales afectaciones en Latinoamérica recaen sobre los denominados negocios puerta a calle y los comercios ambulatorios que operan en los distintos países. Contando los principales mercados de la región, sin considerar Brasil, se calcula que existen al menos 12.900.000 millones de micro, pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica, de acuerdo con un reporte del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). Y según cifras oficiales, en Brasil existen cerca de 15 millones de microempresarios individuales formalizados.
“El delito de extorsión en América Latina ha tenido un impacto significativo en relación con el desarrollo de los países de la región”, dijo a este medio el PhD en la Universidad de Leipzig y profesor asociado en la Pontificia Universidad Javeriana, Luis Felipe Vega Díaz.
En términos del aumento de las violencias y los esfuerzos estatales en políticas de seguridad, agregó Vega Díaz, la repercusión sobre la gobernabilidad va en aumento, no “solo en el incremento que pueden sentir los ciudadanos respecto de la confianza en las instituciones públicas, sino que sumado a ello el costo social puede estar por el orden de los US$10.500 millones en LatAm”.
Esto, dado el incremento del gasto en la administración de las prisiones y los mecanismos de defensa judicial que deben ser garantizados en el Estado social de derecho: “La extorsión como delito introduce un costo adicional que termina siendo pagado de manera indirecta por los ciudadanos más vulnerables social y económicamente”.
El directivo de AKTB LatAm, de la que hacen parte distintas agremiaciones de comerciantes en Latinoamérica, dijo que “la extorsión en los comercios se ha convertido en el día a día con el que tienen que lidiar los comerciantes”.
Las redes criminales que extorsionan al comercio tienen un alcance regional y sus orígenes son variados, a la par que se está dando un fenómeno de integración con las bandas locales.
En Brasil, se contabilizaron 3.264 notificaciones relacionadas con el delito de extorsión en 2023, lo que supuso no solo un aumento del 42% frente al año anterior, sino también la mayor cifra desde el inicio de la serie histórica hace 20 años, de acuerdo a información de la Policía Civil.
Según un reporte de agosto de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que integra a más de 36.000 empresarios que contribuyen con un 30% del PIB, un 51,3% de sus socios ha sido víctima de algún delito en el último año, incluyendo la extorsión.
El delito de la extorsión subió un escalón y ahora es la segunda modalidad que más impacta a los empresarios mexicanos, presentado un incremento del 26% al 33% en el último año, según el reporte.
En Perú, los casos de extorsión aumentaron a cerca de 20.000 en 2023, mientras que en 2021 solo se contabilizaron 4.119, de acuerdo con datos de la Fiscalía de la Nación, citados por la prensa local. Y en Ecuador, según el Observatorio de Crimen Organizado de ese país (OECO), el año pasado tres de cada 10 empresas fueron extorsionadas por las bandas criminales, pero el 70% de las víctimas no denuncia por desconfianza en las instituciones.
La extorsión golpea “sobre todo en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, principalmente, en donde se han enquistado las mafias venezolanas como el Tren de Aragua y sus derivados, conjuntamente con los delincuentes locales o potenciando la delincuencia local”, indicó Andrés Choy.
Según el líder de esta Confederación, en el caso de Ecuador, y especialmente Guayaquil, “la delincuencia tomó la ciudad por una mezcla de bandas extrajeras, como las venezolanas y colombianas, unidas al narcotráfico”.
“Los comercios son asaltados constantemente y se roban el dinero de las ventas. También asaltan a los camiones de reparto y se generó́ un desgobierno al punto de que tuvo que ingresar el Ejército. En la actualidad, se han reducido estos actos de delincuencia, pero todavía se mantiene en un alto índice delictivo”, añadió.
En los casos puntuales de Colombia y Perú, explica que las modalidades de las mafias de delincuentes incluyen la extorsión mediante amenazas, el cobro de cupos para tener el comercio abierto, los prestamos gota a gota y los asaltos a los comercios.
En Chile, estas modalidades también están siendo utilizadas, pero con una mezcla de bandas de origen venezolano y peruano, expresó. “En los demás países de la región, como Argentina y Uruguay, existe delincuencia, pero en menor proporción, con la participación de bandas de delincuentes locales y algunos rasgos de bandas extranjeras”, consideró.
En Centroamérica, se refiere a organizaciones delictivas que han extendido sus tentáculos de países como El Salvador y se mezclaron con las bandas locales, afectando a los comercios. “El problema que hay en América Latina con la extorsión es que se ha generalizado y está creciendo cada vez más en sectores y barrios de las grandes ciudades donde se pensaba que nunca iba a llegar este flagelo. Está llegando a barrios de clases medias e incluso clases acomodadas que se pensaban salvadas de la extorsión”, complementó en entrevista el experto en seguridad ciudadana y Policía, Juan Carlos Ruiz.
RealRisk/ Fuente: Bloomberg Línea