En un giro radical de su política energética, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó y la presidencia interina firmó la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos este 29 de enero de 2026. El nuevo marco legal elimina la obligatoriedad de que la estatal PDVSA mantenga el control accionario y operativo en los proyectos, permitiendo que las empresas privadas asuman la gestión técnica y comercial de manera independiente. Este cambio busca reactivar una industria que, aunque logró recuperar su producción hasta 1,2 millones de barriles diarios en 2025, aún se encuentra lejos de su pico histórico de 3 millones.
La principal herramienta para atraer inversionistas es una estructura fiscal altamente flexible. Si bien se mantiene una regalía base del 30%, el Ejecutivo ahora tiene la facultad de reducir este cobro a niveles mínimos de entre el 15% y el 0% para proyectos de difícil extracción o que requieran altas inversiones iniciales. Además, el instrumento sustituye diversos gravámenes anteriores por una contribución única de hasta el 15% sobre los ingresos brutos, buscando simplificar la carga tributaria y mejorar la rentabilidad de las operadoras extranjeras.
Otro pilar fundamental de la reforma es la seguridad jurídica y la resolución de conflictos. Por primera vez en décadas, la ley autoriza que las disputas legales entre el Estado y las empresas privadas sean resueltas mediante mecanismos alternativos como el arbitraje internacional, en lugar de limitarse exclusivamente a las cortes locales. Asimismo, los privados podrán ahora exportar y comercializar el crudo directamente, evitando los cuellos de botella burocráticos de la estatal petrolera y asegurando un flujo de caja más ágil para sus operaciones.
A nivel económico, el Gobierno proyecta atraer inversiones por US$1.400 millones durante 2026 mediante contratos de producción compartida. Esta apertura ocurre bajo una fuerte presión internacional y la necesidad de financiamiento externo para modernizar una infraestructura deteriorada. El impacto empresarial se prevé inmediato en los denominados «campos verdes» o yacimientos vírgenes, donde empresas con licencias especiales, como Chevron, y otras firmas internacionales esperan reanudar o iniciar exploraciones bajo estas nuevas condiciones de competitividad fiscal.
RealRisk/ Fuente: Asamblea Nacional de Venezuela