El salario mínimo oficial en Venezuela se ubicó en agosto de 2025 en apenas 130 bolívares, equivalentes a un dólar estadounidense según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Este monto, congelado desde marzo de 2022, marca un mínimo histórico en términos reales y representa una caída del 99% frente al valor registrado en 2013, cuando el ingreso mínimo alcanzaba los US$476.
La drástica depreciación del bolívar frente al dólar ha pulverizado el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos. Aunque el gobierno complementa el salario base con bonos mensuales —US$40 por alimentación y US$120 por “ingreso de guerra económica”— estos pagos no tienen carácter salarial ni inciden en prestaciones laborales como vacaciones, utilidades o liquidaciones. En conjunto, el ingreso integral puede alcanzar hasta US$160 mensuales, pero sigue siendo insuficiente frente al costo de la canasta básica alimentaria, estimada en US$503,73 para una familia de cinco personas.
Organizaciones gremiales y académicas han advertido sobre el impacto estructural de esta situación. La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela denunció que sus miembros perciben entre US$1 y US$4 mensuales, lo que compromete la continuidad de la formación profesional y la investigación científica. Por su parte, la ONG Provea recordó que la Constitución venezolana obliga al Estado a garantizar un ingreso suficiente y ajustado al costo de vida.
Analistas económicos señalan que la política de bonos, aunque paliativa, no sustituye un ajuste estructural del salario mínimo. La brecha entre el ingreso formal y las ayudas compensatorias se ha ampliado en medio de una inflación acumulada que podría superar el 200% al cierre de 2025, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas.
En el contexto regional, Venezuela mantiene el salario mínimo más bajo de América Latina. Mientras países como Colombia, Chile y México registran ingresos mínimos superiores a US$250 mensuales, el ingreso base venezolano representa apenas el 0,25% del promedio regional.
La situación ha sido calificada por dirigentes opositores como “el umbral del infierno”, en referencia al deterioro acelerado del ingreso real. En paralelo, el gobierno ha defendido su política de subsidios como una estrategia para mitigar los efectos del “bloqueo económico” y evitar un repunte inflacionario.
RealRisk / Fuente: BCV