El anuncio del cierre del espacio aéreo venezolano por parte de Estados Unidos encendió alarmas diplomáticas y operativas: mientras la administración estadounidense afirma que la medida busca presionar al gobierno venezolano, Caracas la rechaza como violación a la soberanía nacional. Varias aerolíneas suspendieron sus vuelos hacia Venezuela y países de la región reaccionaron, convocando a organismos internacionales para evaluar la situación.
El conflicto diplomático entre Venezuela y Estados Unidos escaló tras el anuncio del presidente estadounidense, quien declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela queda “cerrado en su totalidad” para aeronaves civiles y criminales. La medida generó inmediato rechazo internacional, acusaciones de agresión e incertidumbre en el sector aéreo.
El gobierno venezolano respondió calificando la orden como “una amenaza colonialista” y denunció que constituye una violación flagrante al derecho internacional. En un comunicado, las autoridades de Caracas exigieron respeto a la soberanía nacional y advirtieron que tomarán “las acciones necesarias” ante lo que consideraron un acto hostil.
En reacción, varias aerolíneas con rutas hacia Venezuela suspendieron sus operaciones o cancelaron vuelos próximos, como medida preventiva ante el riesgo latente. Esto ha generado descontento entre viajeros y alertas en países vecinos por las consecuencias en conectividad, comercio y repatriación.
La medida también movilizó a actores internacionales: gobiernos de la región y representantes de organismos de aviación civil han pedido respeto al marco legal internacional y convocaron a organismos como la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) para evaluar la situación. En Colombia, el presidente Gustavo Petro instó a una asamblea urgente de la OACI, argumentando que no existe autorización internacional para semejante decisión unilateral.
De concretarse el cierre, el impacto iría más allá del transporte aéreo: podría restringir vuelos comerciales, humanitarios y de repatriación, alterar cadenas logísticas en la región y agravar la crisis política en Venezuela. Analistas sugieren que cualquier acción unilateral de este tipo compromete la seguridad jurídica de la aviación regional y pone en riesgo acuerdos comerciales y de conectividad continental.
RealRisk/ Fuente: Gobierno de Estados Unidos y Gobierno de Venezuela