El Gobierno de Colombia decretó un aumento del 23% al salario mínimo para 2026, fijándolo en $1.750.905 mensuales, e introdujo formalmente el concepto de salario mínimo vital como una manera de alinear el ingreso básico con el costo real de la canasta familiar. A diferencia de la metodología tradicional, que se basa principalmente en inflación y productividad, la noción de salario mínimo vital incorpora variables vinculadas al costo de los bienes y servicios esenciales que necesita una familia para vivir con dignidad, incluyendo alimentación, vivienda, salud, educación y transporte. Este enfoque ha sido defendido por el Gobierno como un avance social para mejorar el poder adquisitivo en un contexto de presiones de precio y demandas por mayor equidad salarial.
El salario mínimo vital para 2026 se estableció a través de decreto, después de que la mesa de concertación laboral no lograra un consenso entre representantes de empleadores y trabajadores. El incremento del 23% frente al salario mínimo de 2025 constituye uno de los ajustes más altos en años recientes y busca cerrar la brecha entre los ingresos laborales y las necesidades básicas, especialmente en sectores vulnerables. El Gobierno argumenta que este paso es congruente con la intención de asegurar condiciones de vida dignas más allá de simples ajustes por inflación.
No obstante, la decisión ha generado una respuesta crítica de gremios empresariales y asociaciones del sector productivo, incluidos organismos como Fenalco, Andi, Acopi y cámaras sectoriales que agrupan a varios segmentos de la economía formal. Los líderes gremiales advirtieron que un alza del 23% en el salario mínimo puede incrementar significativamente los costos laborales para las empresas, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que operan con márgenes reducidos y tienen menos capacidad de absorber aumentos de gastos sin afectar su operación.
Según los críticos, este ajuste salarial se traduce no solo en mayores gastos directos de nómina, sino también en costos adicionales relacionados con aportes parafiscales, prestaciones sociales y cargas tributarias, elevando la presión sobre los recursos financieros empresariales. Estos sectores argumentan que, en un entorno económico donde muchos enfrentan presiones de inflación, altos costos de insumos y competencia global, un incremento salarial de esta magnitud podría desincentivar la contratación formal, reducir la generación de empleo y promover prácticas de empleo informal o subcontratación para sortear las cargas.
Además, los gremios señalaron que la coincidencia del aumento del salario mínimo con otras obligaciones laborales, como el reciente adelanto de la jornada nocturna y otros recargos, puede estresar aún más los costos operativos. Algunas voces empresariales han planteado la necesidad de mecanismos compensatorios, como incentivos tributarios o apoyos temporales para las MiPymes, con el fin de mitigar los efectos de la transición hacia un nivel salarial más alto.
A pesar de las críticas, representantes del Gobierno han subrayado que el propósito del salario mínimo vital es garantizar mejores condiciones de vida para los trabajadores y que los ajustes forman parte de una política salarial más amplia orientada a equilibrar la distribución de ingresos. El debate entre objetivos sociales y riesgos económicos continúa abierto, y será clave observar cómo evolucionan las decisiones empresariales en contratación, inversión y estructura de costos durante 2026.
En términos macroeconómicos, este aumento salarial de 23%, si bien busca robustecer el ingreso laboral, también plantea interrogantes sobre su impacto en la inflación, productividad y competitividad, así como en la capacidad de absorción de los sectores productivos. La implementación y sus efectos reales sobre el empleo formal y la dinámica empresarial serán aspectos centrales en la discusión económica y política del país en el año entrante.
RealRisk/ Fuente: Gobierno Nacional, Fenalco, Acopi, Andi