En una decisión de alto impacto institucional, la Corte Constitucional de Colombia ordenó la suspensión provisional de la emergencia económica declarada por el Gobierno Nacional. La Sala Plena, mediante una mayoría de 6 votos contra 3, determinó que existen elementos suficientes para pausar la aplicación de los decretos legislativos mientras se adelanta el juicio de validez definitivo. Esta medida cautelar responde a las ponencias de los magistrados Juan Carlos Cortés y Carlos Camargo, quienes argumentaron que la emergencia podría desbordar las facultades presidenciales ordinarias sin una justificación de excepcionalidad plena.
La suspensión tiene implicaciones financieras inmediatas y severas para el presupuesto general del año 2026. Al quedar congelados los efectos del decreto madre, el Gobierno no podrá continuar con el recaudo de los $16,3 billones de pesos que planeaba obtener a través de nuevas sobretasas financieras y el aumento del IVA a ciertos productos. Además, se detiene la ejecución de traslados presupuestales destinados a sectores críticos, como los $3,3 billones proyectados para el sistema de salud y los recursos para la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Desde el ámbito empresarial y sectorial, la decisión judicial elimina temporalmente la incertidumbre sobre la nueva carga tributaria, pero traslada la preocupación hacia la estabilidad fiscal del país. El Ministerio de Hacienda había advertido que esta suspensión representaría un «acto de incoherencia» que pone en riesgo el derecho a la salud de 23 millones de personas vulnerables. Con este fallo, el Ejecutivo se ve obligado a buscar alternativas legislativas ordinarias en el Congreso para cubrir el déficit, mientras los mercados reaccionan a la limitación de los poderes extraordinarios del presidente.
La Corte Constitucional aclaró que esta es una medida preventiva y no implica todavía un fallo de inexequibilidad total, el cual se espera para las próximas semanas. Sin embargo, la suspensión deja sin piso legal las medidas de choque que el Gobierno consideraba inaplazables para enfrentar la crisis fiscal. La mirada del país se centra ahora en la respuesta técnica que dará el Ministerio de Hacienda para evitar un desabastecimiento de servicios esenciales, en un escenario donde la seguridad jurídica y el equilibrio de poderes han marcado el rumbo de la jornada.
RealRisk/ Fuente: Corte Constitucional de Colombia