En Chile, el panorama demográfico del cierre de 2025 pinta una realidad estructural de baja natalidad que ha ido profundizándose en las últimas décadas y que hoy se refleja en niveles históricos de fecundidad muy por debajo del umbral de reemplazo generacional. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa global de fecundidad (TGF), que mide la cantidad promedio de hijos que tendría una mujer a lo largo de su vida, se situó en 1,16 hijos por mujer, marcando uno de los niveles más bajos registrados en la historia del país y quedando por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1 hijos definida por la OCDE para mantener estable la población.
Esta caída en la natalidad no es un fenómeno aislado. El número de nacimientos ha disminuido consistentemente desde hace años, con registros que muestran cifras significativamente menores a las de décadas anteriores. La baja fecundidad ha coincidido con un retraso en la edad media de las madres (30,6 años), lo cual agrava las tasas de fertilidad efectiva y se asocia a mayores riesgos obstétricos y aumento de complicaciones en embarazos de madres mayores.
Los factores detrás de esta crisis demográfica incluyen aspectos económicos y sociales: el alto costo de vivir y mantener una familia, la postergación de la maternidad en favor de estudios, carreras y experiencias personales, y cambios culturales que han modificado las decisiones reproductivas de las nuevas generaciones. Esto ha llevado a que Chile registre cifras comparables a países con poblaciones envejecidas como Japón o Corea del Sur, aunque con un nivel de desarrollo distinto al de estas economías.
La baja natalidad tiene implicaciones económicas claras: una estructura poblacional envejecida tensiona los sistemas de pensiones, aumenta la demanda de cuidados de largo plazo y puede impactar negativamente la oferta laboral futura, reduciendo el crecimiento potencial de la economía. Sectores como la salud y la educación maternoinfantil enfrentan retos adicionales, mientras que las proyecciones demográficas sugieren que, en alrededor de una década, un tercio de la población chilena tendrá 65 años o más, y para 2050, la mitad de la población podría tener 50 años o más.
Este fenómeno demográfico también influye en la demanda inmobiliaria, en la planificación urbana y en la sostenibilidad fiscal de programas sociales a largo plazo. Por ejemplo, una población más envejecida tiende a reducir la demanda por viviendas familiares amplias y a incrementar las necesidades de servicios de salud y pensiones, lo cual tiene impacto en las políticas públicas y en la asignación de recursos dentro del presupuesto nacional.
En suma, la evolución demográfica en Chile hacia una baja tasa de natalidad y una población que envejece aceleradamente representa un desafío estructural para la economía del país, con impactos que trascenderán el corto plazo y requerirán ajustes en políticas públicas, mercado laboral y modelos de protección social.
RealRisk/ Fuente: INE