Chile activó el estado de catástrofe y ordenó el despliegue de todos los recursos disponibles para enfrentar los incendios forestales que golpean el centro-sur del país. El balance más reciente reporta al menos 15 fallecidos y más de 50.000 evacuados, mientras los equipos de respuesta intentan contener la expansión del fuego en un escenario que se deteriora por la velocidad con la que avanzan las llamas.
La emergencia sigue abierta en terreno. Las autoridades informaron que se combate al menos 24 focos activos, y que una parte significativa se concentra en Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago, donde se contabilizan 12 incendios dentro del conjunto de eventos que permanecen activos. El fuego ha alcanzado áreas pobladas, impactando viviendas y vehículos, y dejando a personas atrapadas sin tiempo suficiente para buscar refugio.
El impacto ya se refleja en infraestructura y servicios. El avance de los incendios provocó colapso de rutas y el desalojo de centros asistenciales, como el hospital de Lirquén, mientras autoridades locales intentan prevenir saqueos y asegurar asistencia básica a los evacuados. En la práctica, el choque combina presión humanitaria inmediata con disrupciones logísticas que elevan costos y dificultan el abastecimiento en las zonas afectadas.
Con el estado de catástrofe en vigor, la prioridad de los servicios de emergencia y la seguridad policial se redirigió casi por completo al combate de los focos que se mantienen en al menos 19 puntos críticos. El Gobierno anunció además que el presidente Gabriel Boric viajará a las zonas afectadas para supervisar la atención, en un contexto donde el clima, altas temperaturas y fuertes vientos, se reconoce como el principal obstáculo para controlar las llamas, con previsión de condiciones más exigentes el lunes 19 de enero.
La declaratoria también habilita herramientas extraordinarias: designación de jefes de la Defensa, general Jorge Salinas en Ñuble y contraalmirante Jorge Keitel en Biobío, posibilidad de restricciones como toque de queda (ya confirmado para Biobío) y control inmediato de recursos y servicios estratégicos para proteger infraestructura crítica. Para el sector público y privado, el mensaje es de continuidad del riesgo operativo en el corto plazo y de necesidad de planes de contingencia que prioricen seguridad, continuidad logística y soporte a comunidades y trabajadores en los territorios impactados.
RealRisk/ Fuente: Gobierno de Chile