El Gobierno de Costa Rica ha puesto sobre la mesa una discusión económica de alto impacto para las finanzas públicas y el bolsillo de los ciudadanos. El Ministerio de Hacienda confirmó que se encuentra analizando técnicamente una revisión exhaustiva de la composición de la canasta básica tributaria, una herramienta legal que otorga una tarifa preferencial del 1% en el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a un grupo selecto de productos esenciales, en lugar de la tasa general del 13%. El objetivo central de esta evaluación es modernizar el listado de bienes para que responda con precisión a las dinámicas actuales del mercado.
La base metodológica para aplicar estas modificaciones estructurales provendrá de los datos recopilados en las mediciones más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de forma primordial a través de la Encuesta Nacional de Hogares. Las autoridades financieras han señalado que la estructura vigente arrastra desfases temporales, manteniendo productos que ya no forman parte del consumo cotidiano de los estratos vulnerables o excluyendo otros bienes alimentarios que han ganado un peso crítico dentro de la dieta de la clase trabajadora costarricense en los últimos años.
Desde una perspectiva de política fiscal, la intención del Ministerio de Hacienda no radica únicamente en actualizar el inventario, sino en maximizar la progresividad del sistema impositivo. Estudios técnicos internos sugieren que una parte considerable del subsidio implícito en el IVA del 1% es aprovechada por los deciles de población con mayores ingresos, quienes adquieren variedades premium o sustitutos costosos de los alimentos básicos. Al redefinir los criterios de inclusión, el fisco costarricense pretende asegurar que el alivio tributario proteja de manera exclusiva la seguridad alimentaria de las familias con menores recursos del país.
Las implicaciones empresariales y sectoriales de esta medida son amplias y generarán un seguimiento minucioso por parte de la industria alimentaria, las cadenas de supermercados y el sector agropecuario nacional. La exclusión de cualquier producto de la canasta básica tradicional significará automáticamente que su tarifa del IVA se elevará al 13%, lo que encarecería el precio final al consumidor y alteraría los volúmenes de venta de las empresas. Por el contrario, la incorporación de nuevos artículos al régimen protegido del 1% dinamizaría el consumo minorista de dichos segmentos productivos.
En términos regulatorios, los criterios vigentes establecen que para que un bien sea incorporado en este régimen preferencial debe cumplir con una alta frecuencia de consumo dentro del 30% de la población con menores ingresos. Sin embargo, Hacienda evalúa incorporar filtros más estrictos vinculados con aspectos nutricionales y de salud pública, lo que podría derivar en la salida de productos con altos contenidos de azúcar o grasas saturadas, alineando la política fiscal de recaudación con los objetivos sanitarios del Estado costarricense.
El proceso de revisión se encuentra en una etapa de diagnóstico por parte de los equipos macroeconómicos del Poder Ejecutivo. Una vez consolidada la propuesta técnica de reforma reglamentaria, la misma deberá ser sometida a un periodo de consulta pública para que los diferentes actores de la sociedad civil, las cámaras empresariales y las organizaciones de consumidores presenten sus respectivas observaciones, antes de que el decreto ejecutivo final sea firmado e implementado formalmente en el territorio nacional.
RealRisk / Fuente: INEC